por Redacción
El analista añadió que: "El plan que se está articulando es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta.
Para el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez : " Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.
El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaba al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.
Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.
El cotitular de la CGT Jorge Sola del gremio de Seguros propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.
El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión".
Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso para presionar a los legisladores, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará hasta enero.
Algunos sindicalistas creen que el debate del proyecto pasará a febrero o marzo, pero la idea es salir con todo ahora, sostienen la mayoría de los dirigentes.
A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar mañana a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.
Sergio Romero (UDA), por su parte, advirtió a sus colegas que “se veía venir este conflicto con el Gobierno” y dijo que en marzo a los docentes “nos impusieron un salario de indigencia de 500 mil pesos”.
Sola señaló que: “Este gobierno no pone en prioridad el tratamiento de los derechos de los trabajadores, no pone en vigencia las leyes que ya han sido dictadas, sino que insiste en presentar un proyecto como un paso más, en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; esto se hace sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, el sector que invierte y la fuerza de trabajo”, enfatizó.
Y sostuvo que el tratamiento de la iniciativa “pone una responsabilidad manifiesta en cada miembro del Poder Legislativo sobre este proyecto que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de quienes van a recibir las consecuencias, negativas; la quieren hacer a libro cerrado”.
“Los diputados y senadores después tienen que debatir punto por punto, el tiempo que tarde y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate”, agregó, tras lo cual dijo: “Nos oponemos a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Vamos a tener un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y nuestra postura a cada legislador, a cada senador, a cada gobernador, a cada diputado, les vamos a explicar por qué no puede salir esta ley, por qué hay tantos derechos que están vulnerados”, puntualizó.
“El Gobierno habla de modernización, previsibilidad y generación de empleo, pero el contenido real del proyecto apunta a otra cosa: debilitar la negociación colectiva, reducir derechos y dejar al trabajador más desprotegido. También avanza contra la vida sindical: penaliza las asambleas, limita la organización en los lugares de trabajo y debilita la representación gremial”, afirmó Fabián Montaño, secretario general de APOPS (trabajadores de Anses).
Hasta ahora, los sindicalistas ya se reunieron con tres gobernadores de Provincias Unidas (Nacho Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe) y con el interbloque kirchnerista del Senado, que encabeza el formoseño José Mayans, en donde se analizó una estrategia para cerrarle el paso al proyecto oficial en el Congreso.
Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la CGT comenzó el análisis en profundidad de la reforma laboral para preparar la estrategia jurídica dirigida a impugnar el proyecto ante la Justicia, tal como hicieron con el DNU 70 y que hasta hoy permitió frenar la aplicación de algunas normas del Gobierno".
En este contexto, hay que dar cuenta de un hecho preocupante: el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, se realizó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich, y quedó radicada ante la justicia federal.
El eje de la denuncia se basó en declaraciones públicas de Aguiar en el contexto de la inminente presentación de un proyecto de ley de reforma laboral por parte del Gobierno Nacional. Según el escrito, el dirigente sindical expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la reforma laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente de la Nación".
También hay que decir que el kirchnerismo presentará una contrarreforma laboral con más salario mínimo, menos horas de trabajo y regulaciones a las aplicaciones. La iniciativa tiene el aval de Cristina Kirchner y sindicatos, además planteará también extender la licencia por paternidad y ampliar la acción de los gremios".