por Redacción
La Cámara de Diputados de la Nación busca poner bajo la lupa la estrategia tecnológica del Poder Ejecutivo Nacional. A través de un minucioso proyecto de resolución, un bloque de legisladores solicitó formalmente que el Gobierno brinde explicaciones detalladas sobre la implementación, desarrollo o utilización de sistemas de Inteligencia Artificial (IA), modelización predictiva, interoperabilidad masiva de datos y la construcción de los denominados “gemelos digitales” aplicados al diseño y ejecución de políticas públicas.
El pedido de informes, que lleva las firmas de los diputados Pablo Juliano, Gisella Scaglia, Esteban Paulón, Alejandra Torres y Carolina Basualdo, consta de más de 40 puntos orientados a transparentar el avance del Estado sobre estas tecnologías de frontera y garantizar el control democrático.
Financiamiento, costos y convenios bajo la lupa
Los legisladores exigen que el Poder Ejecutivo precise la denominación oficial de los programas o plataformas involucradas, identificando a los organismos responsables y las unidades ejecutoras.
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta al plano económico y contractual. El proyecto solicita que se informen las partidas presupuestarias que financian estos desarrollos, detallando si los fondos provienen de la Ley de Presupuesto vigente, de reasignaciones, fondos fiduciarios o créditos internacionales. En ese sentido, exigen conocer taxativamente si intervienen organismos multilaterales, agencias extranjeras o empresas privadas, especificando las cláusulas, costos totales de mantenimiento y almacenamiento de datos, y los compromisos asumidos por el Estado argentino.
El debate por la privacidad, los marcos regulatorios y la ética
La iniciativa parlamentaria hace especial hincapié en el impacto legal y social de procesar masivamente datos de la ciudadanía mediante algoritmos predictivos. Por este motivo, el pedido de informes interroga explícitamente sobre si el Ejecutivo prevé impulsar un marco regulatorio específico para el uso estatal de la IA.
Asimismo, los firmantes exigen que se remitan las evaluaciones de compatibilidad de estos sistemas con normativas nacionales e internacionales clave, entre las que destacan:
La Constitución Nacional.
La Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO y el Reglamento Europeo de IA (AI Act).
Finalmente, el proyecto pide aclarar si existieron —o se prevén— mecanismos de participación ciudadana, consultas públicas o audiencias previas antes de la puesta en marcha de estas herramientas digitales que, según advierten los diputados, requieren una estricta supervisión parlamentaria, auditoría institucional y control democrático.